Esta semana conocíamos una nueva sentencia que condenaba, en esta ocasión, al rapero Josep Miguel Arenas, conocido como Valtónyc, a tres años y medio de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas, por una de sus canciones. Esta sentencia se une a otras similares, como la que condenaba a César Strawberry, cantante de Def con Dos, a un año de cárcel por unos comentarios en Twitter, la imputación de los raperos granadinos Ayax y Prok, por un video en Youtube, o la condena a dos años de cárcel, del también rapero José Mata, por una de sus canciones subida a Youtube.
Sin querer entrar o no a valorar la calidad moral, oportunidad de las declaraciones de estos cantantes, o su ideología, la prisión de privación de libertad es lo suficientemente grave como para que deba ser reservada para delitos de especial importancia. Esta misma semana hemos visto como se permitía la libertada provisional de Iñaki Urdangarín sin fianza, condenado ya en firme a seis años de cárcel, porque se ha valorado la gravedad de la privación de libertar por encima del riesgo de fuga.
Cuando en un sistema democrático, la libre expresión de las ideas, sean estas las que sean, puede significar la perdida de libertad, este sistema deja de ser realmente democrático y se convierte en algo muy diferente: un sistema autoritario donde se pena la disidencia. Esto no significa, en ningún caso, que un sistema democrático no persiga la apología o defensa de la violencia, pero debe hacerlo mediante sanciones que no impliquen la pérdida de libertad.
Delitos como “injurias a la corona” no pueden ni deben tener cabida en nuestra legislación, ya que nuestra constitución establece claramente que todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley., Considerar que una ofensa o injuria contra los miembros de la realeza es más grave que una ofensa a un ciudadano cualquiera es simple y llanamente vulnerar la Constitución. Además, si consideramos que lo que se ofende es la institución y que ésta debe ser especialmente protegida por su importancia, ¿no sería adecuado que las ofensas de la propia Casa Real a los ciudadanos fuesen también especialmente penadas? ¿Deberíamos pues pedir que la pena de Iñaki Urdangarín y la Infanta fuese multiplicada ya que al ser miembros de la familia real su delito es especialmente gravoso para el Estado y, por tanto, para todos los ciudadanos?
